La transición hacia la movilidad eléctrica ha generado la necesidad de adaptar la infraestructura de las comunidades de propietarios en Bilbao, Bizkaia y Barakaldo, especialmente en lo relativo a la instalación de puntos de recarga en plazas de garaje individuales. Esta situación plantea dudas frecuentes sobre la necesidad de autorización comunitaria, la comunicación previa y las posibles reclamaciones entre propietarios. La Sentencia del Tribunal Supremo STS 240/2026, de 14 de enero de 2026, emitida en relación con un garaje de Barakaldo, aporta claridad jurídica sobre la aplicación del artículo 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), estableciendo criterios fundamentales para propietarios y administradores de fincas

Contexto normativo y objetivos de la LPH:

El artículo 17.5 de la LPH, modificado por la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y por la Ley 19/2009 de eficiencia energética, establece que la instalación de puntos de recarga en plazas individuales únicamente requiere comunicación previa a la comunidad, salvo que se produzca un perjuicio desproporcionado sobre elementos comunes o la seguridad del edificio. La intención legislativa es facilitar la eficiencia energética, fomentar la movilidad sostenible y eliminar barreras injustificadas a la instalación de puntos de recarga en edificios existentes.

La jurisprudencia consolidada en STS 1745/2015 y STS 240/2026 interpreta que, incluso cuando el cableado discurre por elementos comunes como forjados, paredes o conducciones existentes, no es necesario un acuerdo de la junta siempre que la afectación sea mínima y la instalación cumpla criterios técnicos de seguridad y estética.

Antecedentes del caso STS 240/2026:

El caso que originó la sentencia STS 240/2026 se desarrolló en un garaje de la plaza de Barakaldo, Bizkaia. Los propietarios demandados instalaron el cableado necesario para dos puntos de recarga en sus plazas individuales, que discurría por elementos comunes del edificio. La demandante alegó que la obra vulneraba el artículo 17.5 LPH y afectaba a elementos comunes sin su consentimiento.

En primera instancia, el juzgado desestimó la demanda, considerando que la demandante carecía de legitimación y que la instalación estaba correctamente comunicada. La Audiencia Provincial estimó parcialmente la reclamación, argumentando que la comunicación a la comunidad no había detallado la afectación sobre elementos estructurales comunes, como el forjado de la planta intermedia. El Tribunal Supremo revisó ambos fallos y estableció criterios definitivos.

Criterios jurisprudenciales clave:

La STS 240/2026 establece principios esenciales para administradores y comunidades de Bilbao, Bizkaia y Barakaldo:

1. Comunicación previa suficiente: La mera comunicación a la comunidad por parte del propietario interesado es suficiente para realizar la instalación en su plaza individual, siempre que los costes sean asumidos por el propietario y no se cause un perjuicio desproporcionado. No es necesario un acuerdo de junta salvo que se afecte significativamente a elementos comunes o se comprometa la seguridad del edificio.
2. Afectación mínima de elementos comunes: Aunque el cableado discurra por elementos comunes (forjados, paredes, bajantes), su instalación no requiere autorización expresa si la afectación es mínima y técnicamente justificada. Este criterio es especialmente relevante en edificios existentes de Barakaldo y Bizkaia, donde las conducciones suelen atravesar elementos comunes inevitables.
3. Legitimación activa de los propietarios: Los copropietarios pueden reclamar la restitución de elementos comunes alterados, incluso si la comunidad permanece pasiva, siempre que actúen de buena fe. En el caso STS 240/2026, la demandante no se opuso durante la ejecución de la obra ni en las actas de la junta, limitando la validez de su reclamación, conforme a la doctrina de los actos propios.
4. Interpretación teleológica de la norma: La instalación de puntos de recarga se entiende promovida por la normativa con fines de eficiencia energética y sostenibilidad, y no requiere autorización comunitaria cuando no se generan perjuicios significativos. La norma busca simplificar la implantación de infraestructuras que fomenten la movilidad eléctrica y la eficiencia energética en comunidades de Bilbao, Bizkaia y Barakaldo.

Implicaciones para administradores de fincas

Para los administradores de fincas, la STS 240/2026 ofrece guía clara para gestionar solicitudes de instalación de puntos de recarga:

• Documentación y comunicación: Registrar correctamente la comunicación previa de los propietarios interesados y reflejar en acta la información sobre ubicación, trazado del cableado y medidas de seguridad.
• Evaluación de riesgos y afectación: Analizar si la instalación afecta elementos comunes de manera significativa y asesorar sobre la necesidad de acuerdos adicionales.
• Gestión de reclamaciones: Entender que los copropietarios pueden actuar por legitimación activa para proteger elementos comunes, respetando la buena fe y la doctrina de actos propios.

Este enfoque permite garantizar un equilibrio entre la movilidad sostenible y la protección de derechos de los comuneros, reduciendo conflictos y asegurando cumplimiento normativo en comunidades de Barakaldo, Bilbao y Bizkaia.

Conclusión:

La STS 240/2026 refuerza la seguridad jurídica para comunidades de propietarios en Barakaldo, Bilbao y Bizkaia respecto a la instalación de puntos de recarga eléctricos en plazas individuales de garaje. Confirma que basta la comunicación previa, limita la necesidad de acuerdos de junta y protege a los propietarios que actúan de buena fe. Para administradores de fincas, esta sentencia constituye una herramienta esencial para gestionar técnicamente solicitudes de instalación, documentar actuaciones y prevenir conflictos en comunidades de propiedad horizontal.

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